EL HUEVO DE LA SERPIENTE

Las implicancias del Opus Dei en la clausura del juicio a los Peirano y los errores del Cr. Astori y del Ministerio de Economía y Finanzas.

EL ORIGEN

En el largo proceso judicial de los hermanos Peirano han emergido distintas responsabilidades sobre el accionar del Poder Legislativo y del Poder Judicial, el primero por la polémica derogación y el segundo por la polémica decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la clausura. Pero ha quedado soslayado el papel del otro poder del Estado que, sin embargo,  está en el origen de la ley y cuyas acciones es bueno analizar.

Al asumir el gobierno del Frente Amplio en el 2005, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se formó una comisión, designada por el ministro Danilo Astori y supervisada por el Subsecretario Mario Bergara, para trabajar en la elaboración de un proyecto de Ley de Concursos y Reorganización Empresarial. Se proponía el objetivo de modificar las normas concursales y propiciar mecanismos de reestructura para empresas en concurso (un lindo eufemismo para decir quiebra) a los efectos de que no sean calificados como actos dolosos.  

El trabajo de esa comisión dirigida por las autoridades del MEF insumió varios meses, y en fue en agosto de 2006 cuando, tras un acuerdo de filigrana de todos los partidos, fue enviada al Poder Legislativo para su estudio y aprobación. Astori definió el proyecto ubicándolo en un contexto de reformas impulsadas por el gobierno y lo vinculó a los esfuerzos por crear un sistema de quiebras alternativo al que regía, al que calificó de obsoleto, desordenado e incapaz de estimular el aumento de la inversión. El proyecto buscaba generar mayores garantías para deudores y acreedores en un proceso de concurso y, además, incorporar disposiciones para cambiar una legislación de quiebras elaborada para la actividad empresarial de principios del siglo XX.

Opus 1

El punto que hoy se sigue soslayando es que para integrar esa comisión del MEF fue contratado, y terminó siedo el principal redactor del proyecto, el Dr. Ricardo Olivera García, profesor grado cinco de Derecho Comercial. Antes de informar sobre quién es el Dr. Olivera García es bueno enterarse de cuáles son las ideas, la ideología, del Dr. Olivera García sobre el tema en cuestión. En una disertación el 28 de marzo de 2006, en la Torre de los Profesionales, compartiendo la presencia en el estrado con Astori y Bergara, al exponer sobre el proyecto en elaboración, el Dr. Olivera García fue tajante en su calificación del mismo denominándolo como “un proyecto revolucionario en la materia”. Según las crónicas de la época, en su exposición sobre las bases jurídicas de la futura Ley, fundamentó la iniciativa en "una filosofía de juzgamiento de los errores empresariales completamente diferente a la que ha auspiciado en los últimos cien años una legislación de principios punitivos basada, a la vez, en una antigua concepción del error empresarial como una vergüenza social condenable por corporaciones que veían en el riesgo asumido por un emprendedor, un principio patológico que debía ser literalmente extirpado del mercado".

Tan preocupado estaba el Dr. Olivera García por la condena social y los principios punitivos sobre el riesgo asumido por un emprendedor, que la redacción de aquel Proyecto de Ley enviado al Parlamento contenía la derogación lisa y llana de varios artículos del Código Penal, entre ellos el ahora famoso Art. 76. de la Ley 2.230. Una derogación directa que impactaba de lleno en la causa de los hermanos Peirano, ya que en ese momento estaban presos. Por lo tanto, aquella preocupación del Dr. Olivera García para desestigmatizar el error empresarial podía tener fines muy altruistas y modernizadores pero beneficiaba directamente a los Peirano, no solo con la clausura del proceso por la derogación del delito, sino con la inmediata liberación sin tener que recurrir al costoso trámite ante la OEA. A tal punto los beneficiaba que, según su propia versión, fue el Dr. Gonzalo Fernández quien descubrió el cangrejo debajo de la piedra alertando al Cr. Astori sobre sus consecuencias, quien corrigió el Proyecto aduciendo que no se había percatado de ello. Un dato que demuestra, a la vez, cuan enterado estaba el Dr. Gonzalo Fernández de las características particulares y de la situación judicial del los Peirano.A la vez que dan cuenta de la irresponsabilidad política de las dos más altas autoridades del MEF, que comentaré más adelante y que nadie se toma el trabajo de pedir.

 Opus 2

Lo que no dicen las crónicas de la época es que el Dr. Ricardo Olivera García fue (o lo sigue siendo) hasta hace muy pocol socio del Dr. Carlos Delpiazzo en el Estudio Jurídico Olivera & Delpiazzo, con oficinas en la calle Misiones 1424 Piso 2, tal cual figura aún en su página web: www.oliveraydelpiazzo.com El Dr. Carlos Delpiazzo tiene una conocida vinculación al Opus Dei. Filiación compartida con los hermanos Peirano, al punto que la congregación sufrió un duro golpe en el país producto de las acciones del grupo y su impacto en la sociedad.

A su vez, el Dr. Olivera García tiene un fuerte vínculo con la Universidad de Montevideo, de la que no solo es catedrático, así como de la UDELAR, sino que también es Director del Master de Derecho de la Empresa y Decano Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Institución tambien frecuentemente asociada al Opus Dei.

Pero además, en el curriculum (tal vez se debería decir prontuario) El Dr. Ricard Olivera García fue socio del Dr. Jorge Peirano Facio en su estudio jurídico. Con el agregado que su hermano, el Cr. José Luis Olivera García adminstraba empresas de los Hermanos Rohm, así como representante en el país para la calificadora Moody´s, la misma que antes de la crisis bancaria le otorgó la calificación Triple AAA (la máxima) qie le permitió al Banco Montevideo adueñarse del Banco Caja Obrera cuando ya tenían problemas financieros. Incluso hubo una denuncia sobre la vinculación entre Moody´s y el Grupo Peirano.

Opus 3

En su actividad privada ejerciendo la abogacía y especializado en Derecho Comercial, el Dr. Olivera García estuvo involucrado con el accionar del Grupo en lo que se conoce como el affaire Moro - Peirano en contra del BROU. En el año 2000 se venía procesando la quiebra de Granja Moro. Fue cuando se produjo una maniobra financiera en detrimento del BROU mediante una estafa con un bono del tesoro de los Estados Unidos que el Grupo Rasic ensayó en combinación con el Banco Montevideo y sus colaterales de Islas Caymán. El BROU era acreedor de Granja Moro SA y poseía garantías hipotecarias en respaldo de sus créditos otorgados a la empresa.

El empresario Milenko Rasic, a través de una colateral llamada Saliway International, con sede en Panamá, compró los créditos contra Granja Moro SA al BROU. La estafa consistió en que por tal adquisición no puso un solo peso. Canjeó un bono del tesoro de los Estados Unidos por valor nominal de 18 millones de dólares con vencimiento a 20 años. O sea que el BROU trocó en el 2000 sólidas garantías hipotecarias por un bono a pagar en el 2020. Rasic y sus abogados afirmaron que en la compra de ese bono habían desembolsado 7 millones de dólares. En el proceso judicial del concordato de Granja Moro, Milenko Rasic se vio obligado a declarar como testigo ante el juez pero no pudo justificar cómo, cuándo, a quién, ni cuánto había efectivamente pagado por la posesión y los derechos del mismo, ni de dónde había sacado los fondos para hacerlo.

Su abogado era el Dr. Ricardo Olivera García, quien con el gerente general de Granja Moro SA, puesto por Rasic al frente de la empresa, contador Raúl Vidal, tampoco recordaban detalles de esa transacción, no pudiendo justificar el pago ni el origen del dinero supuestamente desembolsado. Fue allí que apareció el Dr. Israel Creimer, también abogado de Granja Moro SA, quien presentó un documento, no autenticado por nadie, de un supuesto Banco de Islas Caymán, en el cual se afirmaba que Saliway International tenía "crédito abierto" por siete millones de dólares en esa entidad. Algo que fue desestimado dado que tal papel ni siquiera demostraba que Saliway tuviera una cuenta en el banco con esa cantidad de dinero depositada, sino que "tendría crédito abierto por esa suma". Ni siquiera se determinaba si tal banco tenía capacidad financiera para prestar esos siete millones de dólares. Así se descubrió la operación y quiénes eran sus autores. El Banco de Montevideo (perteneciente al Grupo Peirano), era el que aportaba algunos de sus "bancos" de Islas Caymán  y fue el que hizo la operación que permitió llevarse las hipotecas del Banco República.

La operación consiste, no en la compra de un Bono con peso en el mercado, como suelen tener los Bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos, sino en  el alquiler de uno de ellos. Uno puede llegar a comprar en el mercado un bono con vencimiento a muchos años después, a alguien que necesita dinero en efectivo y lo vende por una parte de su valor. Quien lo compra, usualmente lo guarda o lo presenta como garantía en otro negocio. Esa es una operativa habitual. Pero lo realizado por el Grupo Rasic en complicidad con el Grupo Peirano consiste, no en pagar 7 millones de dólares por un bono de 18 millones con vencimiento a 20 años, sino en “alquilar” por tan solo 500 mil dólares ese bono a quien le presta ese servicio. En este caso un “banco” especializado en eso, afincado en Islas Caymán y que, además, pertenecía al propio grupo Peirano. Negocio redondo.

La maniobra funciona de la siguiente manera: ese banco compra realmente un bono del tesoro de EE.UU. cuya titularidad no consiste en un papel sino en una figuración por medio de datos electrónicos. Es el propietario pero para arrendarlo a cambio de una determinada cantidad, no la que el mercado establece para una compra real sino una muy menor que permite a un interesado en aparentar ser el verdadero propietario. El negocio del "banco" es arrendar el bono porque el mismo sirve de garantía a una cantidad indefinida de operaciones financieras a lo largo del mundo. Si en la fecha de vencimiento del bono, en este caso 20 años después, todos los arrendatarios cumplieron, el BROU podrá cobrar el bono, pero si algunos no cumplieron, tendrá que repartirse el bono con el resto de los tomadores a quienes se adjudicó.

En aquellos años previos al fraude del Grupo Peirano, ya se alertaba que integrantes de la familia Peirano habían comprado campos hipotecados a favor del BROU en el departamento de Río Negro. Esas compras al BROU de créditos hipotecarios sobre esos campos también fueron pagadas con un bono del tesoro de los EEUU. Como los bancos intervinientes en la operación eran todos del Grupo Peirano, ya existían sospechas de que el bono con que se ha comprado esos campos era el mismo que fuera arrendado a Rasic para despojar al BROU de sus hipotecas sobre los inmuebles de Granja Moro SA. Una operación que contó con la defensa y asesoría jurídica comercial del Dr. Olivera García, siempre tan preocupado por los riesgos de algunos empresarios muy emprendedores.

Las (i)responsabilidades

La pregunta que subyace es  (independientemente de la probable resolución de la Corte Suprema de Justicia revocando el fallo del Tribunalde Apelaciones tal cual lo acaba de pedir la fiscal) ¿por qué no se incorpora al análisis de todo el caso de la clausura de los Peirano la actuación del Ministero de Economía y Finanzas en el origen de todo el procedimiento de elaboración y redacción de la Ley? En esa ley, tal cual fue redactada por el Dr. Ricardo Olivera García, y firmada por el Cr. Astori y el Cr. Bergara, ya estaba el huevo de la serpiente pues determinaba la derogación del famoso Art. 76 cuando los Peirano todavía estaban presos.

Alguien seguramente dirá que el Dr. Olivera García es uno de los mejores especialistas en Derecho Comercial en el país y segramente es cierto, aunque también puede haber alguno más. Pero eso no está en discusión. El punto es si alguien se hace responsable políticamente de su designación en la comisión y de su papel en la redacción de la ley. Alguien podrá decir que la Ley en cuestión es buena y es una avance y seguramente es cierto. Pero ¿ Quién se hace cargo de darle semejante rol a un señor con tales antecedentes? Al menos, de controlarlo al dedillo en su actuación, porque es innegable que el Dr. Olivera García logró traficar y pasar de contrabando un beneficio real a favor de sus antiguos socios y empleadores que las máximas autoridades del MEF, quienes lo pusieron allí, no detectaron. ¿Astori y Bergara ignoraban, acaso, el prontuario, perdón, curriculum vitae, del Dr. Olivera García? ¿Se lo controló adecuadamente? ¿Cómo, por qué y por cuánto fue contratado el D. Olivera García por el Estado con dineros públicos? ¿Cuáles son los procedimientos que debería seguir la elaboración de una ley de estas características por parte del MEF en un gobierno de izquierda?

El otro tema que emerge es la rebaja de las penas para ciertos delitos de cuello blanco. Pues en todo el caso Peirano esa es otra de la causas que han producido tales efectos. Pues la ley redactada por el inefable Dr. Olivera García rebajó la pena para el delito en cuestión, de 9 a solo 5 años. Una rebaja elaborada en las sombras aunque en el contexto de una campaña en la que, un dia sí y otro también,  la derecha política, económica y mediática, suele pedir el aumento de las penas para otros delitos como el hurto o la rapiña, tal vez  porque precisamente son cometidos por los pobres y no por los ricos que, como se sabe, cuando roban algo no son ladrones, faltaba más,  sino cleptómanos y cuyas quieras fraudelentas no son etafas sino "concursos".

Seguramente la ley, que tiene más de 200 artículos que fue necesario coordinar para impedir su repetición con el código penal o en el del comercio, tiene muchas disposiciones buenas, pero implica una rebaja para este tipo de delitos de cuello blanco. Una rebaja de la pena para ese delito que también tuvo incidencia en la clausura. Al rebajar la pena de 9 a 5 años permitió a la defensa de los Peirano (también a la Dra. Salom y al Dr. Gonzalo Fernández para con su cliente Ratti) que se solicitara la clausura acogiéndose a la pena más benigna. Es decir, como el delito derogado lo fue porque ya se había legislado otro similar en la nueva ley, lo abogados defensores exigen a la Justicia que se debe regir por la ley cuya pena es más benigna. De ahí que sea ya imposible determinarles, si el proceso sigue, una pena de 9 años sino una de 5, una pena que además ya cumplieron. También hay que decir que, aunque fuera posible condenarlos por 9 años, tampoco volverían a la cárcel porque al cumplir la mitad de la pena, el saldo se otorga mediante el régimen de Libertad Condicional. Otra diferencia con muchos presos pobres que pululan en nuestras cárceles sin condena y violando plazos legales porque nadie controla sus causas y no tienen capacidad económica para que importantes abogados asuman su defensa con sofisticadas estrategias. 

Por eso esta filosofía, que vaya si dejó en claro el Dr. Ricardo Olivera García en su exposición citada, para ser más benévolos con los delitos de cuello blanco ¿Acaso fue discutida politicamente sobre lo que implica, más allá de las implicancias personales que tuvo en sus beneficiarios y en los posibles beneficiadores? ¿Es la opinión emanada de la fuerza política o solo de una comision en las sombras en el Ministerio de Economía sin control alguno? ¿Se hace cargo el Poder Ejecutivo de estas formas de legislar? Hay que recordar que, en la práctica, es del Poder Ejecutivo de donde surgen la mayoria de las leyes y no tanto de la iniciativa parlamentaria más allá del proceso legislativo que se da siempre en el parlamento.

Estas y otras preguntas siguen flotando sin que casi nadie repare en la responsabilidad política que le corresponde en el caso Peirano al Poder Ejecutivo, y en concreto a quienes conducían el Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento. Pero claro, no faltará quien ponga el grito en el cielo aduciendo tiros por elevación. Una linda forma de escabullir el bulto y la responsabilidad y esconder los errores debajo de la alfombra. Es decir, otra.

servido por Javier 1 comentario compártelo