INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CASINOS EN URUGUAY

¿A QUÉ ESTAMOS JUGANDO?
Por Javier Zeballos
Voces del Frente

Hoy los juegos de azar son casi omnipresentes en nuestra vida. La TV y la radio los trasmiten o dedican su espacio a difundir sus sorteos y resultados. Los periódicos los publican. Pero los medios masivos no solo informan, también difunden. Aumentan los tipos de juegos y la cantidad de sorteos. Se juega a la quiniela, la lotería, la tómbola, el 5 de oro, el Kini, el juego de la cédula etc-etc y hasta los sorteos adquieren cierto rudimentario carácter de espectáculo. En la calle solemos ver siempre alguna pizarra de un kiosko, nos topamos con un vendedor de billetes de lotería o con algún par de avivados jugando a la mosqueta. Cada vez es más común encontrar salas con slots en bares y otros comercios y en el tablado nos tiran un bingo.

El juego atrae ofreciendo plata dulce pero la enorme mayoría de las veces, esa prueba es amarga. La publicidad vende la ilusión de una vida que cambia para siempre y se concentra en recordar los pozos acumulados, escondiendo el bache en el que caerán los apostadores y negando el pozo sin fondo de los ludópatas crónicos. A esto se le suma una multitud de rifas y sorteos de todo tipo, desde hospitales que más de una vez quedaron esperando los beneficios, hasta clubes y asociaciones que por una cifra pequeña entregan un bono con la promesa de un más que hipotético sorteo. El jugador empedernido es socialmente condenado, es visto como un vicioso sin remedio. No así la perversidad del sistema que se queda con enormes ganancias. Algunos participantes gastan dinero porque es más fuerte la ilusión de obtener el premio que cualquier beneficio que pudieran conseguir con la suma que tienen en la mano. La realidad desmiente al refrán. Valen más cien palomas volando que pájaro en mano.

La diversión, el placer del entretenimiento y la adrenalina de la participación en el juego no son malas y pobre de la sociedad que pretenda anularlas. Pero los mecanismos del sistema no responden al desarrollo lúdico de los ciudadanos sino a otros intereses y la riqueza del fenómeno, lejos de expandir tales aspectos, responde a otras riquezas, la de los que se embolsan cuantiosas ganancias. A los privados, luego de ser aceptados dentro del marco legal, parece una exageración pedirles que asuman tal culpa, pero el Estado debería examinar su participación con otros criterios. Claro que la recaudación no deja de operar como un curioso impuesto clandestino que no es percibido por la población, la que jugando y entreteniéndose, sin necesidad de mandarle odiados inspectores, aumenta las arcas de las finanzas públicas. El punto es dónde se va o dónde se queda ese dinero que parece no ser tan público como se publica.

Los casinos, en su origen, eran salas públicas de música y baile. El término no empezó a significar un conjunto de salas de juego hasta la segunda mitad del siglo XIX. El casino más conocido desde hace mucho tiempo se inauguró en Montecarlo en 1861. Hoy en día, poseen unas características casi uniformes en todo el mundo y no están dirigidos precisamente a la aristocracia. Succionan el dinero de la gente como uno.

De casi-no muere nadie...

pero se enferman

¿Qué supone la apertura de un casino en una ciudad? La consecuencia directa de la instalación de un casino en una población es el aumento de los casos de ludopatía, lo que incide significativamente en la salud, la delincuencia y en el bienestar social. Tomemos un caso conocido como referencia: el casino de las Cataratas de Niágara, inaugurado en 1996. Los canadienses se molestaron en realizar un estudio, tanto en Ontario como en Niagara Falls, antes y después de la apertura del casino. La investigación corrió a cargo de la Fundación para la Investigación de las Adicciones (Addiction Research Foundation), una división de la Corporación de Servicios sobre Adicciones y Salud Mental (Addiction and Mental Health Services Corporation). Las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes: Tras la apertura del Casino, el número de jugadores problema y jugadores patológicos se incrementó en un 80%. El gasto medio mensual en juego se multiplicó casi por cinco (de 2,30 a 11,10 dólares canadienses). El número de jugadores se cuadriplicó (del 11 al 43 por ciento). El crecimiento fue mucho más notorio entre la población menos acomodada económicamente y el incremento del hábito del juego fue especialmente importante entre la población más joven, del 10 al 52 por ciento entre la población de 18 a 29 años.

Tragamonedas

La palabra slots no es un anglicismo, es un sutil eufemismo que encubre el verdadero nombre de tragamonedas. Ese es el motivo de su uso en español. Una cuestión de márketing. Los Slots son simples. Es el juego de Casino más fácil para jugar. Ofrece a los jugadores una amplia selección de diferentes juegos todos con un denominador común: la ganancia de la máquina. Están programados para ganar y se regula su porcentaje. No es casualidad que gran parte de la sala de cualquier Casino esté dominada por las Slots Machines. Estas máquinas son muy populares y generan la mayor parte de las ganancias de los casinos: aproximadamente entre un 60 y un 75 % del total de lo que se gana. La máquina original “Liberty Bell” (Campana de la Libertad) fue construida en 1896 por el mecánico alemán Charles Fey en su taller en San Francisco (California). Fue hecha de hierro y contaba con tres carretes giratorios que funcionaban mecánicamente, una ranura para insertar las monedas y una palanca externa para activar la máquina. Los rodillos giraban rápidamente durante algunos segundos para, luego, indicar la combinación ganadora, generalmente para la máquina. Hoy en día se juega a las tragamonedas en todas partes del mundo. Hubo una época en que no eran consideradas como un verdadero juego de azar. Principalmente se instalaban para entretener a las esposas de los grandes apostadores de Poker, Blackjack o Ruleta, ya que un apostador respetable nunca iba a ser visto sentado frente a una de estas máquinas.

La tecnología de los Slots experimentó muchos cambios. Los juegos originales fueron reemplazados por Slots electrónicos manejados por computadoras. Hasta incluyen ranuras que captan billetes de dinero corriente sin necesidad de ir a comprar fichas. Los casinos también ofrecen otras ventajas: conectaron las máquinas entre sí para sacar un pequeño porcentaje de cada juego y colocarlo en los “Pozos Acumulados”. Esa cifra solo estaba en juego con cada jugador pero eran pozos muertos. De esta manera, se los hace rendir un plusvalor. Si nadie gana los pozos acumulados pueden llegar a acumular grandes cantidades de dinero, y aunque las probabilidades sean pequeñas, un jugador puede ganar mucho. Estos pozos acumulados también ayudaron a expandir y aumentar enormemente la atracción de estos juegos.

Suelen captar al público con menos recursos atrapándolo en una adicción que hasta el propio apostador no considera muy entretenida pero sigue ahí ante la máquina como un autómata. La apuesta a su predominio puede venir revestida de un perfil técnócrata de eficiencia comercial pero su predominio no es neutro. Su instalación y proliferación, aunque no parezca, pone en juego políticas sociales, urbanas y culturales. El juego en Internet es el último capítulo. El mercado del juego online ha explotado en los últimos años. Ahora no solamente se puede jugar a la ruleta y al blackjack online, sino que también las máquinas tragamonedas han encontrado su camino hacia los ciber casinos que entran en cualquier casa con una computadora y conexión a internet. Los casinos virtuales son ya una realidad.

UN ESTADO MAGNÍFICO

No son pocos los que perciben a los casinos como ejecutores de un robo legal, a tal punto que las películas que narran historias de estafas o robos a un casino gozan de la simpatía del público. En los casinos del Estado hay también historias legendarias.

En los últimos años de la dictadura se implementó en el casino de Punta del Este un juego llamado Combitriple. Promotoras vendían dentro y fuera del casino unos bonos. Quien compraba debía decidir en ese momento los dígitos de las tres últimas bolas que se tirarían en el casino esa noche. El sistema de control y fiscalización dejaba mucho que desear. Cuenta la leyenda que tal juego superó todos los records estadísticos de probabilidades de aciertos. Tiradas las tres últimas bolas en la ruleta se verificaba si algún bono contenía tales dígitos. Parece que era muy común, demasiado comentaban algunos, que alguien acertaba y se llevaba el premio. Podría ser interesante investigar quienes actuaron en la organización y fiscalización de tal jueguito y explicar tan magnífico nivel de aciertos. Lamentablemente, no se tiene certeza de poder ubicar el expediente porque, al parecer, es cierta la versión de que tales documentos se perdieron definitivamente producto de la inundación de un local de la Dirección General de Casinos ocurrida al llegar la democracia. El hecho no fue producto de una lluvia repentina. Alguien dejó una canilla abierta y el depósito se inundó y se perdió un documento magnífico.

El cúmulo de inconsistencias e irregularidades en la Dirección General de Casinos es de larga data. En ese rosario de decisiones se encuentran presupuestos envueltos en un halo misterioso antes de su ejecución que a lo sumo se convertían en rendiciones de cuentas muy posteriores y con carencias de cristalinidad de todo tipo. Dictámenes del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación advierten de las violaciones presupuestarias sin que se las corrigiera. A mediados de la década de los 90 se implementó una drástica reducción de personal que al año 2001 llegó a ser de unos 500 funcionarios menos. Lamentablemente para los intereses del Estado, tales políticas se implementaron sin ton ni son y con claros beneficios para los adjudicatarios de tales retiros incentivados designados por los jerarcas y en la que hubo casos de funcionarios que siendo expulsados por abandono del cargo fueron beneficiarios de la reestructura y se fueron cobrando 24 sueldos. A tal punto era una mala política que no coincidía con los intereses reales de la institución, que luego se tuvieron que contratar más de 200 becarios para cubrir el personal que faltaba, gastándose en becas lo que se pretendía ahorrar con los funcionarios cesados. También hubo traslados de funcionarios que por amiguismo eran pasados a dependencias en las que cobrarían sueldos muy superiores por conceptos de propinas y reparto de porcentajes para que aumentaran los montos de sus haberes variables. Como el promedio se calculaba según los últimos 6 meses, fueron declarados excedentarios, pero con un nada despreciable retiro. De haberse ido del casino San Rafael, donde trabajaban, hubieran percibido un incentivo de unos 22 mil dólares. Al retirarse desde el Victoria Plaza se fueron con 75 mil dólares. Otro despropósito consistió en el uso abusivo y discriminatorio por un grupo de jerarcas y funcionarios de la declaración de cargos de alta especialización. Se otorgaron los mismos sin la realización, que se sepa, de precalificaciones y sin concursos respectivos como lo establece la ley, incluso lo dispuesto por el Proyecto de Reformulación de la Estructura Organizativa de la Dirección General de Casinos según el decreto 63/997. Con el agravante de que muchos de estos funcionarios cobraron por años un 60 % más por tal categorización. Ni hablar de irregularidades jurídicas producto de acciones persecutorias de funcionarios no dóciles, condicionamiento, discriminaciones y uso abusivo de ascensos y designaciones.

Uno de los puntos recurrentes en la práctica de la DGCE es la mala praxis jurídica. En uno de los pedidos de informes no contestados al parlamento, el Diputado Darío Pérez preguntaba puntualmente el 11/12 2002 si ha tenido la DGCE que afrontar recursos administrativos o judiciales y cuanto ha tenido que pagar el Estado. El abogado Fernando Magnífico, de larga y dilatada carrera en la repartición, es el Director del Departamento Jurídico. En 1996 fue designado Adscrito a la Dirección General, junto al Director Cr. Juan Benenati, aparte de operar en esa época como el Coordinador de Planeamiento Estratégico. Es inocultable el grado de involucramiento estratégico del jerarca pero sería interesante poder analizar objetivamente cuales han sido las implicancias para el Estado de su particular práctica directriz y jurídica. Más de una vez se han conocido decenas de denuncias de funcionarios destituidos que tuvieron que ser admitidos nuevamente con el correspondiente pago de resarcimientos por mandato del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Noticias de un secuestro

La empresa perdona un momento de locura. La que no lo perdona es la Jueza Dra. Estela Jubette en la sentencia en Primera Instancia No 106/2004 ni el tribunal integrado por los Ministros Dr. Tabaré Sosa Aguirre, Dra. Mariela Sassón y el Dr. Jorge Chediak González, que si bien disminuyen la indemnización remarcan en el fallo que “En efecto, la actuación de la DGCE no puede calificarse sino como imprudente, apresurada y desproporcionada. ¿Cuál fue tan magnífica actuación?

En junio de 1999 aparecieron frente a la DGCE unos pasacalles que decían “Corrupción en Casinos: Mosca ampara a los corruptos Benenati y Magnífico”. El 23 de junio se produce un hecho insólito. Dos adolescentes se presentan en la sede de la Oficina Central de DGCE con la finalidad de cobrar una cuenta por los pasacalles. Los jóvenes fueron encerrados, retenidos, se les quitó los documentos de identidad, y por más de tres horas fueron obligados a firmar declaraciones que ellos no habían formulado bajo presión y amenazas. Declaraciones que fueron utilizadas por el Director Benenati para instruir sumarios y separar del cargo a dos funcionarios, molestos a los ojos del Director, los que fueron culpables por haber sido mencionados como los que encargaron los pasacalles, aunque la acusación solo afirmaba que habían sido nombrados solo por sus nombres de pila por los dos jóvenes que ni siquiera los conocían.

Los funcionarios apelaron a la justicia y el caso llevó años, debieron ser restituidos y cobraron todos los haberes no percibidos pero, aparte, uno de ellos inició juicio por daños y perjuicios. Hubo una sentencia en primera instancia que la DGCE apeló y recién se terminó con una sentencia definitiva en segunda instancia el 26 de abril del 2006 aunque la asesora Dra. Graciela Stirling señalara en su informe del 8 de mayo de 2000 que “El nexo causal que vincula a los sumariados en un caso por el nombre de pila... no resiste siquiera examen crítico”. (fojas 636) Este es solo uno de los casos en que el Estado paga por la mala praxis de la Dirección. Nos cuesta miles de dólares pero habría que investigar todos los casos. Sería bueno que al menos la DGCE responda los pedidos de informes al respecto. Los viejos sin responder y los nuevos que bien se deberían pedir.

EL JUEGO DE ESTADO
Y EL ESTADO DEL JUEGO

¿Qué pasa con los casinos y el juego en el Uruguay actual? Lamentablemente de los casinos se habla poco y mal. Parece que el tema solo emerge ante situaciones de irregularidades y escándalo. Síntomas de un país demasiado habituado a discutir lo accesorio por sobre lo esencial. Muchos ven el árbol pero no el bosque. También están los que pretenden esconder en el bosque al árbol de la discordia. Nunca es bueno talar antes de tiempo pero hay que estar atentos a toda maleza perjudicial. Por tus frutos te reconoceré, dice un texto bíblico. Sería bueno despejar la paja del trigo y analizar con la mayor profundidad para no caer en simples esquematismos. Mucho más a la hora de determinar responsabilidades.

La actual polémica acerca de la situación de los casinos municipales no se puede entender al margen del contexto mayor de todos los casinos del país. De los privados y los que el Estado administra en la Dirección General de Casinos. Tal análisis no debe ser utilizado para justificar sino para comprender la realidad y transformarla. La actual investigación llevada adelante por la administración Ehrlich ha tenido derivaciones de todo tipo y es importante que se mantengan las mayores garantías para poder ir a fondo, caiga quien caiga. Las confusas declaraciones de diversos partidos y sectores no ayudan a despejar el camino. Es imprescindible mantener un marco de investigación serio y transparente. Es lógico que aparezcan intereses sectoriales y personales pero sobre ellos debe imponerse la cristalinidad jurídica y administrativa.

En abril de 1988, en la Comisión de Hacienda del Senado integrada por Flores Silva, Jorge Batlle, Raumar Jude, Dardo Ortiz, García Costa y Luis Alberto Lacalle, el único frenteamplista integrado al órgano, Luis Senatore, cuando aún la IMM era gobernada por el Partido Colorado, advirtió ante la posibilidad de abrir un casino privado en Montevideo en un hotel 5 estrellas que con “…esa situación iremos eliminando poco a poco, casi de raíz, la actuación de la administración municipal en materia de juegos de azar” Y Batlle reconocía: “El juego tiene un volumen, hay un porcentaje calculado” y sentenciaba “Por lo tanto, es notorio que la presencia de otros casinos en el departamento de Montevideo va a incidir directamente sobre el juego en los casinos actuales.”

Pero el tema no se agota el déficit de los casinos municipales. Tampoco en las irregularidades denunciadas. Existe un tema mayor que implica aspectos no siempre analizados. Se trata de la gestión de las políticas del Estado en los casinos fruto de una concepción de lo que significa el juego en la sociedad. Uruguay no tiene una política estratégica respecto al juego. No la tuvo nunca y las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas fueron complejizando una realidad que hoy nos desborda. El vacío mayor es la ausencia de una política en relación a los juegos de azar. Ello se traduce en descontrol, en el mantenimiento de nichos de poder y esa tierra de nadie que es casinos del Estado que termina siendo un territorio ocupado por unos pocos que lo manejan como un feudo. La historia es larga pero la situación permanece incambiada aunque hablemos del cambio. La DGCE es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas pero, por décadas, funcionó casi como un ente autónomo. Tal vez, más de uno tenga la idea de que debería funcionar como un ente desconcentrado de la administración central. Lo cierto es que el que ha estado desconcentrado, por demasiado tiempo, es el poder político.

La legislación, en general, data de 1886, aunque hay varias leyes y decretos posteriores, como la primera ley de casinos dictada de 1953, que creó la Comisión Honoraria de Fiscalización de los Juegos de Azar cuyo marco regulatorio vencía a los tres años y así se fue prorrogando por sucesivos plazos hasta la llegada de la dictadura. El régimen militar metió mano, y no solo en lo jurídico, con algunos decretos, como el de 1979 que impuso la distribución de un porcentaje de lo recaudado entre algunos funcionarios. No fue puro azar.

Las reglas del juego

Existen tres grandes concepciones acerca de una política estatal sobre el juego. La primera obedece a visiones falsamente moralistas que nunca faltan. Es una Política Prohibicionista. Es la peor y lo único que genera es la proliferación del juego clandestino dominado directamente por las mafias. Una segunda opción es un Política Recaudadora. Ve al Estado como un ente que fiscaliza y recauda un porcentaje de las ganancias, dejando a los privados la operación y administración del juego. Es una política peligrosa pautada por una concepción economicista, no solo del juego sino de toda la sociedad. La tercera opción es la que implica mayores desafíos. Se trata de una Política Reguladora del juego. Implica también algunas políticas prohibicionistas y una imprescindible política recaudadora, junto a eficientes criterios comerciales, pero enmarcadas en un amplio abanico de políticas convergentes. Exige una adecuada elaboración, instrumentación y control para verificar y corregir insuficiencias. Implica políticas generales y específicas coordinadas con una visión interdisciplinaria. Por ejemplo, si el Estado es operador directo, lo que implica la generación de ciertas patologías sociales producto del juego, como es la ludopatía, que es una enfermedad aunque se la visualice como un vicio, a la vez que por un lado opera y recauda, difunde e incita al juego, por otro lado debería implementar servicios de salud que atiendan a las personas que caen en la ludopatía crónica. Esta enfermedad genera una adicción con una fuerte dependencia emocional fruto de acciones compulsivas. En Uruguay no existe en el MSP ningún servicio al respecto. Tampoco en la IMM. Sería bueno comenzar a elaborar un plan que lo contemple.

Lo que el viento se llevó

La relación del poder político con el tema casinos ha sido de una considerable distancia. Los gobiernos se dedicaron a mantener el secretismo. La Comisión de Hacienda que trabajó el tema en 1988 no legó a ningún resultado y la integraban dos pesos pesados que luego llegaron a ser presidentes, Lacalle y Batlle. No se puede esgrimir falta de conocimiento. De la lectura de las intervenciones en aquella comisión, en la cual participaron por la DGCE el Cr. Benenati, que después llegara a Director de Casinos colocado por Sanguinetti en su segundo mandato, y el Dr. Magnífico, Director del Departamento Jurídico, surge que las modificaciones que se querían impulsar y no se lograron, con la gestión conjunta de estos jerarcas las fueron implementando por lo bajo y de a poco. La historia nefasta de casinos en la última década pone las cartas sobre la mesa. Sería bueno que a más de un distraído le cayera la ficha. Durante la pasada legislatura (2000-2005) hubo 12 pedidos de informes por la cámara de diputados. Ninguno fue contestado. En la cámara de senadores hubo dos pedidos contundentes de varios puntos, al menos uno fue respondido, aunque más de un año después de realizado. Fue dirigido al senador Luis Alberto Heber que, lamentablemente, hoy no lo encuentra y es imposible acceder a tal respuesta. El parlamento no archiva las respuestas, solo le llegan al representante que realizó la consulta. El otro fue un largo pedido de informes hecho por el Diputado frenteamplista Darío Pérez el 11/12/2002 pero no fue respondido jamás.

El salario del miedo

Que los funcionarios estén directamente interesados en el éxito de los casinos es muy importante. El punto es cuál es el mejor mecanismo para lograrlo. La dictadura instauró el famoso porcentaje sobre la recaudación bruta aunque utilizándolo para privilegiar a unos sobre otros. Ya en democracia se amplió el sistema integrando a todos los funcionarios administrativos y hasta aumentando los porcentajes a repartir, aunque el Ec. Luis Mosca, Subsecretario de Economía de la época, reconociera la dudosa legalidad de tales decisiones. Expresamente quedan fuera los funcionarios profesionales, que son los que directamente generan las ganancias de la institución. El mecanismo expresa la perversidad de un sistema estructurado para beneficiar a unos pocos y mantener con muy buenos sueldos a muchos para generar el colchón que amortigüe quejas. Es el típico funcionamiento que compra conciencias y mantiene un férreo control. Y si hay algún díscolo, se implementarán las persecuciones, amenazas y sanciones. No es lo mismo estar en un casino donde se cobran buenas propinas que en otro donde no.

Los intocables

Si la propina de los funcionarios profesionales que suma, en muchos casos, decenas de miles de pesos, explica que su salario se mantenga sin aumentos por años y años y hoy no pase de unos ridículos 1400 pesos, el famoso porcentaje de la ganancia bruta que se distribuyen los empleados administrativos, incluyendo a la poderosa Oficina Central, es la explicación de sus también menguados salarios, aunque son más altos. Y lo que se cobra por porcentaje está en relación a una suma válida que se calcula con diversos coeficientes junto a salario y antigüedad. Hay que saber que por tal porcentaje algunos cobran más que los ministros. Con la reducción de funcionarios operada a mediados de los 90, se reforzaron los montos, pues al reducir drásticamente, tal medida implica que la cantidad a repartir será dividida entre mucho menos gente y aumente el dinero a percibir. Es la misma razón de que los becarios que se tuvieron que contratar después, dada la tremenda imprevisión con que se aplicó semejante reestructura, sean funcionarios a medias, porque ganan más por salario pero no cobran porcentaje. El Estado les paga más salario fijo que a los funcionarios que incentivó su retiro para que no toquen los privilegios de los que cobran porcentaje. Es también la razón para que a ese grupo de privilegiados les interese abrir salas de juego porque ellas supondrán mayores entradas de dinero para repartir. Corporativismo que le dicen.

Sin novedad en el frente

El Frente Amplio lleva dos años en el gobierno y más de 15 en la administración municipal. Mucho hay para explicar sobre la discriminación ejecutada por gobiernos nacionales anteriores sobre la IMM que la privó de mucho dinero, como también políticas que bombardeaban las posibilidades de la intendencia desde que la ganó el FA. Casinos no estuvo ajeno a eso. Pero hay que asumir autocríticamente que durante nuestras administraciones, más allá de contextos complicados, se diluían deficits trasladando gastos y no fuimos capaces de revertir procesos en que elementos que eran coyunturales terminaron por transformarse en estructurales. Lamentablemente se desconoce a fondo los intentos que se experimentaron, incluso los que dieron buenos resultados, lo que lleva a un grado más preocupante el funcionamiento orgánico de la fuerza política. Incluso, sin conocerse con qué criterios de evaluación, se premió al jerarca ascendiéndolo a dirigir todos los casinos en manos del Estado y su asesor, hoy implicado en las irregularidades ahora denunciadas, está como Director de Loterías y Quinielas, otro coto de caza en manos de muy pocos desde hace décadas y que permanece intocado. Es inobjetable que aún en plena situación de investigación, el FA no tiene ninguna comisión que esté estudiando a fondo la realidad y elaborando políticas estratégicas sobre el juego o casinos en particular. A nivel de los legisladores, hace un par de semanas hubo una reunión especial de la bancada del FA en Atlántida, quedó claro que no existe en la agenda ninguna propuesta sobre casinos cuando es imprescindible empezar a ver un nuevo marco regulatorio. Debe haber muchas prioridades pero es hora de empezar a pensar el tema. No debería depende solo de ellos. Y ni siquiera se sabe cuál ha sido la actuación en la DGCE. A tal punto, que circuló la versión en altos ámbitos del Ministerio de Economía y Finanzas acerca de la elaboración de un dossier sobre lo actuado. Lamentablemente no pudimos confirmar su contenido.

Sin embargo, los trabajadores tienen una opinión clara. Realizaron un paro el fin de semana ante las condiciones del cierre del Casino Victoria Plaza por la visita de Bush, que repitió la situación vivida en la cumbre presidencial del mes de noviembre. Argumentan que ante el cierre obligado no se les tome los días no trabajados como descansos porque de esa manera algunos funcionarios pasan a no tener descanso por varias semanas, lo que agrava las condiciones de trabajo que ya son complicadas por la falta de funcionarios requerida y no contemplada. También piden que se los indemnice aunque sea con el mínimo de lo normalmente recaudado aunque hayan perdido más por ser días de muy buenas propinas. Denuncian que el Cr. Juan Carlos Bengóa y el adscrito a la Dirección Sr. Victor Hugo Ozano, han continuado una política administrativa de larga data. Han tenido tres reuniones en el seno de la Bipartita donde plantearon la necesidad de crear una comisión para que se escuche a los funcionarios de las salas de juego. Esperan que se los escuche y que no se llegue a una situación en la cual, por no haber dado participación en la gestión, se hagan mal las cosas.

Más allá de lo puntual, es es una situación inquietante ya que una institución como Casinos del Estado, que recauda 100 millones de dólares, no puede terminar con antiguos vicios ni proyectarse hacia el futuro con una gestión del organismo que repita viejas costumbres condenadas sistemáticamente. Estamos a tiempo de abrir un debate franco y profundo que ausculte la realidad, articule soluciones y aplique políticas claras y definidas, escuchando a los múltiples actores involucrados y redimensionando un organismo del Estado cuyas ganancias son muy importantes para el país. No hay que perder el tiempo. Es hora de que alguien cante no va más porque hay mucho en juego.

Continuará...

Publicado en Voces del Frente el 15-3-2007

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